DEFINICIÓN DE “INTERÉS LEGÍTIMO“
La Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal en su Artículo 2 Fracción XIII lo define como:
"Interés Legítimo: Derecho de los particulares para activar la actuación pública administrativa en defensa del interés público y la protección del orden jurídico."
JURIDICOPEDIA TE EXPLICA “INTERÉS LEGÍTIMO“
El término "interés legítimo" en el contexto jurídico se refiere al derecho que tienen los particulares para promover la actuación de la administración pública en la defensa del interés público y la protección del orden jurídico. Aquí se explica el concepto jurídico asociado a esta definición:
Derecho de los particulares: El interés legítimo reconoce la facultad de los individuos o entidades privadas para actuar en defensa de ciertos valores o intereses que tienen relevancia en el ámbito público. Estos particulares pueden ser afectados de manera directa o indirecta por determinadas acciones u omisiones de la administración pública.
Promover la actuación pública administrativa: El interés legítimo faculta a los particulares para solicitar la intervención de la administración pública en casos en los que se vean comprometidos el interés general, la legalidad o el orden jurídico. Esto implica que los individuos pueden iniciar procedimientos administrativos o reclamar la adopción de medidas que contribuyan a la protección de dichos intereses.
Defensa del interés público: El interés legítimo está estrechamente relacionado con la defensa del interés público, entendido como el bienestar general de la sociedad y el respeto a los principios y valores fundamentales establecidos en la normativa legal. Los particulares pueden actuar en su propio beneficio pero siempre en consonancia con el interés colectivo.
Protección del orden jurídico: El interés legítimo también abarca la protección del orden jurídico, que implica garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes, así como la preservación de los derechos y deberes de los ciudadanos. Los particulares pueden invocar este interés para impugnar actos administrativos contrarios a la legalidad o que vulneren sus derechos.
Limitaciones y requisitos: Aunque el interés legítimo es un derecho reconocido, su ejercicio puede estar sujeto a ciertas limitaciones y requisitos establecidos por la ley, como la necesidad de demostrar un vínculo directo con la situación en cuestión, la legitimidad del interés invocado y el cumplimiento de los procedimientos administrativos correspondientes.
En resumen, el interés legítimo es el derecho de los particulares para promover la actuación de la administración pública en defensa del interés público y la protección del orden jurídico. Permite a los individuos actuar en casos donde se vean afectados intereses relevantes para la sociedad, contribuyendo así a la salvaguarda del bien común y el respeto a la legalidad.
Defensa del interés público: El interés legítimo está estrechamente relacionado con la defensa del interés público, entendido como el bienestar general de la sociedad y el respeto a los principios y valores fundamentales establecidos en la normativa legal. Los particulares pueden actuar en su propio beneficio pero siempre en consonancia con el interés colectivo.
Protección del orden jurídico: El interés legítimo también abarca la protección del orden jurídico, que implica garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes, así como la preservación de los derechos y deberes de los ciudadanos. Los particulares pueden invocar este interés para impugnar actos administrativos contrarios a la legalidad o que vulneren sus derechos.
Limitaciones y requisitos: Aunque el interés legítimo es un derecho reconocido, su ejercicio puede estar sujeto a ciertas limitaciones y requisitos establecidos por la ley, como la necesidad de demostrar un vínculo directo con la situación en cuestión, la legitimidad del interés invocado y el cumplimiento de los procedimientos administrativos correspondientes.
En resumen, el interés legítimo es el derecho de los particulares para promover la actuación de la administración pública en defensa del interés público y la protección del orden jurídico. Permite a los individuos actuar en casos donde se vean afectados intereses relevantes para la sociedad, contribuyendo así a la salvaguarda del bien común y el respeto a la legalidad.